Las protestas continuaban en Francia luego de que el presidente Emmanuel Macron eludiera una votación en el Parlamento para poder impulsar su plan de elevar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, lo que ha enfurecido a los sindicatos laborales y desencadenado la crisis política más intensa desde su reelección el año pasado.
Aunque el gobierno sobrevivió por poco a una moción de censura detonada por la decisión de Macron de impulsar el cambio en la cámara baja sin una votación completa, los opositores a la reforma de las pensiones siguen prometiendo impugnarla, tanto legalmente como en las calles de Francia, las cuales han estallado con protestas espontáneas y en ocasiones violentas que han provocado una fuerte respuesta policial.
Algunas de las protestas realizadas en los últimos dos meses han atraído a más de un millón de personas. La indignación popular se ha convertido en una prueba importante para Macron tras su reelección el año pasado, con encuestas de opinión que muestran que la mayoría de los franceses se oponen a su reforma.
En general, los disturbios fueron limitados después de las mociones de censura, pero algunos manifestantes se estaban atrincherando, como los de la capital, París, donde se han acumulado montones de basura debido a un paro de los recolectores de basura.
En un país donde los generosos beneficios de la jubilación se consideran un reflejo de la identidad de la nación, Macron y su gobierno han dicho que necesitan cambiar el sistema de pensiones de Francia para establecerlo sobre una base financiera más firme a medida que la esperanza de vida aumenta y la proporción de trabajadores con respecto a los jubilados disminuye.
Quienes se oponen, entre ellos un frente unido de sindicatos, han cuestionado la necesidad de urgencia. Aseguran que Macron está atacando un preciado derecho a la jubilación y gravando de manera injusta a la clase obrera debido a su negativa de aumentar los impuestos a los ricos.
Ninguna de las partes ha mostrado alguna intención de ceder. Macron ha declarado muy poco en público sobre la reforma de las pensiones y ha dejado que sean sus principales ministros quienes la defiendan, pero ha apostado gran parte de su legado del segundo mandato para que se lleve a cabo.
Un momento, ¿por qué esto parece familiar?
La perspectiva de una reforma de las pensiones ha sido un “tercer riel”, un asunto espinoso de la política francesa desde mucho antes que Macron asumiera el cargo. Provocó grandes protestas en 1995 (la cual tuvo éxito) y en 2010 (la cual fracasó). Esta es la segunda vez que los planes para las pensiones de Macron encuentran una feroz resistencia.
En 2019, durante su primer mandato, una iniciativa de Macron para reformar el sistema de pensiones de Francia provocómasivas protestas callejeras y huelgas agobiantes, entre ellas uno de los paros de transporte más extensos en la historia del país. Macron dejó de lado esos planes tras la llegada de la pandemia de coronavirus.
Hay una diferencia clave entre lo que hizo Macron en aquel momento y lo que está haciendo en la actualidad: su proyecto inicial no implicaba aumentar la edad legal de jubilación.
En cambio, en aquel momento buscaba concretar una reforma general de la arquitectura vertiginosamente compleja del sistema de pensiones, al fusionar 42 programas de pensiones en lo que aseguró sería un sistema más justo que usaría puntos que los trabajadores acumularían y cobrarían al jubilarse. Pero los planes dejaron a muchos confundidos y preocupados de que sus pensiones terminaran disminuyendo.
Entonces, ¿qué hizo Macron esta vez?
Los planes más recientes son un intento más directo de equilibrar las finanzas del sistema, al hacer que los franceses trabajen más tiempo. Es un esfuerzo que el gobierno reconoce que será difícil para algunos pero insiste en que es necesario.
El sistema de pensiones de Francia depende principalmente de una estructura de reparto en la que los trabajadores y los empleadores pagan impuestos sobre la nómina obligatorios que se utilizan para financiar las pensiones de los jubilados. Ese sistema, que ha permitido que generaciones se jubilen con una pensión garantizada y respaldada por el Estado, no cambiará.
Francia tiene una de las tasas más bajas de pensionados en riesgo de pobreza en Europa, y una tasa neta de remplazo de pensiones —una medida de la eficacia con la que los ingresos de jubilación remplazan los ingresos previos— del 74 por ciento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), más alta que los promedios de la OECD y la Unión Europea.
Sin embargo, el gobierno alega que el aumento de la esperanza de vida ha dejado el sistema en un estado cada vez más precario. En 2000 había 2,1 trabajadores pagándole al sistema por cada jubilado; en 2020 esa relación había caído al 1,7, y en 2070 se espera que baje a 1,2, según proyecciones oficiales.
Antoine Bozio, economista de la Escuela de Economía de París, afirmó que no había una “explosión del déficit” a corto plazo que deba abordarse con urgencia. Pero “decir que el sistema no está en riesgo o al borde de una catástrofe”, afirmó, “no significa que no exista un problema” a largo plazo.
Para mantener el sistema financieramente viable sin canalizar más dinero de los contribuyentes allí —algo que el gobierno ya hace— Macron buscó aumentar gradualmente la edad legal en la que los trabajadores pueden comenzar a cobrar una pensión en tres meses cada año hasta llegar a los 64 años en 2030. También aceleró un cambio previo que incrementó la cantidad de años que los trabajadores deben pagar en el sistema para obtener una pensión completa y abolió las reglas de pensiones especiales que beneficiaban a los trabajadores en sectores como la energía y el transporte.
Macron ha calificado la reforma como “indispensable”.
¿Por qué es tan impopular el plan?
Los opositores afirman que Macron exageró la amenaza de los déficits proyectados y se negó a considerar otras formas de equilibrar el sistema, como aumentar los impuestos sobre la nómina de los trabajadores, desvincular las pensiones de la inflación, eliminar las exenciones de impuestos corporativos o aumentar los impuestos a los hogares ricos.
Incluso el órgano oficial que supervisa el sistema de pensiones de Francia ha reconocido que no existe una amenaza inmediata de quiebra y que los déficits a largo plazo son difíciles de predecir con precisión.
Obligar a que la gente trabaje más tiempo, argumentan los opositores, afectará de manera injusta a los trabajadores de la clase obrera, quienes a menudo comienzan sus carreras antes y tienen una expectativa de vida más corta, en promedio, que los de la clase ejecutiva. La perspectiva de aumentar la edad de jubilación provocó huelgas intermitentes de trabajadores en escuelas, transporte público, refinerías de combustible y otros sectores.
“Sesenta y cuatro no es posible”, dijo en enero Philippe Martinez, director de la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato más grande de Francia. “Díganles que visiten el piso de una fábrica textil, o un matadero, o la industria de procesamiento de alimentos, y verán cómo son las condiciones de trabajo”.
A algunos les preocupa verse obligados a jubilarse más tarde porque los adultos mayores que quieren trabajar pero pierden sus empleos a menudo sufren discriminación por edad en el mercado laboral.
La impopularidad del plan también tiene mucho que ver con la indignación preexistente contra Macron, quien no ha logrado sacudirse la imagen de un “presidente de los ricos” desconectado.
“Esa es la razón por la que tiene en su contra no solo a todos los sindicatos, sino también a gran parte de la opinión pública”, aseguró Jean Garrigues, destacado historiador de la cultura política de Francia. “Al vincularse personalmente al proyecto, la oposición al mismo se intensifica y, de cierta manera, se dramatiza”.
¿Cómo se desarrolló la disputa?
El gobierno anunció medidas destinadas a apaciguar a la oposición, como exenciones continuas que permiten a quienes comiencen a trabajar a edades más tempranas a jubilarse antes y medidas para ayudar a las personas mayores a permanecer empleadas.
El gobierno también afirmó que aumentaría las pensiones más pequeñas, pero eso fracasó luego de que los funcionarios reconocieran que para la mayoría de los jubilados, el aumento sería más débil de lo anunciado inicialmente.
Pero esas concesiones no lograron aplacar a los sindicatos, quienes reafirmaron que era imposible que aceptaran el aumento de la edad de jubilación, ni a los legisladores opositores, que lucharon contra el proyecto de ley en el Parlamento.
El Senado, controlado por los conservadores, aprobó el proyecto de ley de las pensiones. Pero Macron tuvo problemas en la Asamblea Nacional, la cámara baja, donde su partido, Renacimiento, y sus aliados, ya no tienen mayoría absoluta. Eso los obligó a depender de Los Republicanos, el principal partido conservador, cuyos líderes afirmaron que podían apoyar el proyecto de ley, pero cuyos legisladores de base estaban divididos.
Al no estar seguro de tener los votos suficientes, Macron recurrió a la única forma de garantizar una victoria: el artículo 49,3 de la Constitución francesa, el cual le permite a un gobierno aprobar un proyecto de ley a través de la Asamblea Nacional sin votación pero que expone al gabinete a una moción de censura.
Si la moción falla, el gabinete permanece y el proyecto de ley se mantiene. Pero si la moción recibe suficientes votos —más de la mitad del número total de legisladores elegidos para la cámara baja— el gabinete debe renunciar y el proyecto de ley es rechazado.
La medida ha sido consagrada en la Constitución desde su creación en 1958. Pero durante la última década, se ha percibido cada vez más como una herramienta antidemocrática, utilizada por el gobierno para forzar a los legisladores.
Una moción de censura presentada el lunes 20 de marzo por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional fracasó con solo 94 votos a favor. Pero la otra, presentada por un grupo de legisladores independientes y apoyada por una amplia coalición de partidos de oposición, estuvo mucho más cerca de ser aprobada. Con 278 votos a favor, se quedó solo a nueve votos de tener éxito.
¿Qué puede pasar?
Los legisladores que se oponen a Macron están explorando otras vías legales para frustrar sus planes, pero no hay ninguna certeza de que alguna funcione. Algunos han iniciado un procedimiento que le permite a los legisladores iniciar un referendo, un proceso extremadamente largo y complejo que nunca antes ha tenido éxito.
Otros han prometido impugnar la nueva ley de pensiones ante el Consejo Constitucional, un órgano que examina la legislación para garantizar que cumpla con la Constitución francesa. Lo harían principalmente bajo el argumento de que el gobierno incluyó los cambios en las pensiones en un proyecto de ley de presupuesto de seguridad social, y que algunos de los cambios no están directamente relacionados con el presupuesto.
Sin embargo, no está claro cuál será el dictamen del consejo en última instancia, o qué partes de la ley podría derogar. Hasta el momento, el gobierno ha expresado tener confianza en que el eje central de la ley se mantendrá.
Otros legisladores y líderes sindicales afirman que solo nuevas huelgas y protestas convencerán a Macron de no llevar a cabo su reforma de las pensiones.
“Como el proceso de censura parlamentaria no ha funcionado, es hora de pasar a la censura popular”, afirmó Jean-Luc Mélenchon, el líder de izquierda.
Existe un precedente: en 2006, el gobierno francés derogó un impugnado contrato laboral para jóvenes tras haberlo convertido en ley. Pero, hasta el momento, Macron sigue avanzando.
Constant Méheut colaboró en este reportaje.
Aurelien Breeden ha cubierto Francia desde las oficinas de París desde 2014. Ha reportado algunos de los peores ataques terroristas ocurridos en el país, el desmantelamiento del campamento de inmigrantes en Calais y las tumultuosas elecciones presidenciales de Francia en 2017. @aurelienbrd